Durante los últimos tres días de setiembre, se realizó de manera virtual el «1er Encuentro Académico Latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado Transnacional», una iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, de Crime Stoppers para El Caribe, Bermuda y América Latina, del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y la Universidad para la Paz de (UPAZ), por intermedio de su Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional.
El objetivo del encuentro fue presentar una problemática en crecimiento en la región, con una aproximación desde diferentes ópticas que buscó dimensionar la manera en que el crimen organizado transnacional ha evolucionado para, mediante el análisis del impacto de sus actividades ilegítimas en el comercio marítimo, entender el riesgo que representa para la soberanía de los países latinoamericanos y la vida de los ciudadanos.
«La propuesta del evento [fue] alinear pensamientos sobre áreas de investigaciones distintas, aprender con los desafíos y diseñar nuevas perspectivas colectivas para el combate al crimen organizado», explicó Mauricio Vieira, profesor asistente de la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional en UPAZ. Vieira ofició como moderador general del evento.
Una actividad ilícita con mucha historia
El primer día del evento tuvo como ponentes a la Dra. Louise Shelley, directora y fundadora del Centro sobre el Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC) y directora de la Cátedra Omer L. y Nancy Hirst de la Escuela Schar de Política Pública y Gobierno en la Universidad George Mason; el Dr. Diego Chami, profesor de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y a la Dra. Sabah Zrari, profesora del Diplomado “Sostenibilidad de las Ciudades Puerto” de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso.
La Dra. Shelley realizó un repaso al fenómeno de la actividad ilícita en altamar: «Hay una larga historia de crímenes en el mar, comenzando con los piratas. No estamos hablando de un nuevo fenómeno; hablamos sí de nuevas variaciones de un fenómeno de larga data». Shelley afirmó también que no podemos perder de vista que, si bien muchas veces se trata de crimen organizado, hay precedentes de acciones piratas sancionadas o facilitadas por los estados.
En su ponencia, la directora del TraCCC repasó los principales crímenes que ocurren en el ámbito marítimo -transporte de drogas, tráfico de personas, contrabando de grandes cantidades de productos falsificados, pesca ilegal-, cómo estos se llevan a cabo –subterfugio, explotación de Zonas Francas, corrupción-, y cómo la tecnología debe ser un aliado para su combate.
El Dr. Chami, por su parte, detalló el régimen jurídico del transporte de mercaderías por agua, analizando las nuevas tendencias en Derecho Marítimo, nacidas en la segunda mitad del siglo pasado o, las más recientes, en el actual: las plataformas costa-afuera, el derrame de hidrocarburos, el transporte multimodal y los buques autónomos, entre otras.
En su análisis, el abogado argentino afirmó que el problema está en la «dispersión normativa», con países regulando el transporte marítimo según diferentes códigos, que van desde el Código de Comercio hasta las reglas de Hamburgo de 1978, pasando por las de La Haya de 1924 y sus sistemas complementarios. «Esto es una enorme dificultad», afirmó.
La Dra. Zrari, por su parte, se apoyó en los alumnos de su diplomado, muchos de ellos profesionales de los puertos y funcionarios municipales, así como en su experiencia viviendo desde hace meses en Valparaíso, para analizar la realidad que sufren los ciudadanos que conviven con el accionar de las organizaciones criminales en las ciudades puerto. «Es una sensación de miedo, de desamparo, de sentir que el espacio público está totalmente controlado por fuerzas ilegítimas», afirmó.
Los nuevos capos, la corrupción y la «bicicleta estática»
La modalidad del evento dio paso, luego de las ponencias, a un panel de análisis que en el primer día llevó el título «Crimen organizado transnacional y transporte marítimo. Una aproximación al flagelo». El panel fue moderado por el licenciado Gustavo Omaña, abogado de Girán Abogados & Asociados y el Dr. Juan Carlos Sainz-Borgo, decano de la Universidad para la Paz.
Del panel participaron el Dr. Bernardo Melo Graf, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo; el magister Luis Eduardo Chavez, de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo; el magister Héctor Gabriel Vanegas Fernández, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pacífico; el Dr. Ronaldo Carmona, senior fellow del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales; y el brigadier general colombiano Juan Carlos Buitrago Arias.
En su participación, el Dr. Melo Graf afirmó que utilizar nuevas tecnologías para el combate al crimen organizado en el ámbito marítimo es «medular», porque los criminales también han actualizado su forma de operar. «Han encontrado expansión en los nuevos negocios, han profesionalizado a su gente y han tenido acceso a nuevas tecnologías», señaló.
«En México vemos que en los setenta y ochenta los capos no eran gente tan preparada, eran gente que se iba abriendo camino en el negocio», explicó. «Hoy los nuevos capos son gente especializada. La respuesta gubernamental se queda atrás en el momento en que no nos especializamos a la par».
Luis Chávez concordó: «Estas personas siempre están innovando». El magister consideró que se necesitan tecnologías para mejorar el control, dado que lo que se puede hacer únicamente con la presencia de la flota de la armada es un control «local, temporal e incompleto».
De similar forma se expresó el Dr. Carmona, quien sumó la necesidad de una respuesta multilateral para proteger «las áreas comunes del planeta» cuyo «uso para ilícitos y conflictos internacionales se está intensificando».
Centrándose en el problema en Guayaquil, donde reside, el abogado Vanegas Fernández afirmó que Latinoamérica «se caracteriza por instituciones débiles y esto da lugar a que hayan infiltrados de las organizaciones criminales». «¿Cómo se controla?», se preguntó. «El fenómeno va por combatir a la corrupción y fortalecer las instituciones».
Buitrago Arias, por su parte, brindó una de las imágenes del evento: «Pareciera que estuviéramos en una especie de bicicleta estática», afirmó. «Hay resultados cotidianos, pero no se ve un cambio diametral en el fenómeno pese al esfuerzo sobrehumano que realiza la comunidad internacional y la creatividad de las autoridades en el propósito de contrarrestar este fenómeno».
Para el brigadier general, el foco muchas veces se pone en el lugar equivocado, en los eslabones más débiles de la cadena criminal. «En Colombia, el 90% de las incautaciones de mercadería ilícita se realizan en las carreteras, en los puertos ilegales, en las fronteras porosas», comentó el exPolfa. «Se requiere un mayor esfuerzo sobre las aduanas oficiales donde están las autoridades realizando los controles».
«Aquí lo han dicho: sin corrupción no hay delito», afirmó. «La permeabilidad de las esferas y de los puestos críticos de estas entidades que tienen la responsabilidad de ejercer los controles permite que el delito siga creciendo».
El rol de los contenedores en el comercio lícito e ilícito
Durante el segundo día del evento, las ponencias estuvieron a cargo del Dr. Francisco Peleteiro, magister de Gestión Portuaria en Intermodalidad de la Universidad de Coruña, Universidad de Cádiz, Universidad de Gijón y Puertos del Estado de España; el Dr. Piotr Stryszowski, director del Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Comercio Ilícito y de proyectos en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE; y el Dr. Víctor Hugo Guerra, Director Legal de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris International para América Latina, Canadá y los Estados Unidos.
El Dr. Peleteiro consideró que el «75% del globo terráqueo ha quedado prácticamente sin regular» y que «el 90% del [transporte de mercadería para el comercio] se realiza por mar, por lo que el riesgo de que se produzcan situaciones ilícitas es tremendo».
Tras repasar las normativas jurídicas vigentes para el transporte marítimo y la seguridad portuaria, Peleteiro consideró que es necesario desarrollar nuevas normas contra muchos de los flagelos actuales. «Quizás, 40 años después, sea hora de realizar una revisión del Convencio de Naciones Unidas de Derecho del Mar», concluyó.
El Dr. Stryszowski, por su parte, analizó el gigantesco crecimiento e impacto del transporte marítimo de contenedores en el comercio, enfocándose en el uso indebido de los mismos para alimentar el mercado de falsificaciones, utilizando como base un reporte de setiembre de 2021 de la OECD. «Los contenedores son la columna vertebral de la globalización», señaló. «Los contenedores son una máquina del comercio que se ha desarrollado velozmente en todos los sentidos y se han convertido en un foco de abuso de los contrabandistas».
Hablando del trabajo de la OECD en este sentido, Stryszowski señaló que se busca «introducir estándares» para las compañías y «establecer una barra que sea lo suficientemente alta para generar una diferencia, pero que sea alcanzable para quienes quieran actuar respetándola».
El Dr. Guerra, mientras tanto, llamó a dimensionar la magnitud del fenómeno de las organizaciones criminales transnacionales, citando como ejemplo la velocidad con la que adaptaron su oferta a la pandemia, así como la cadena que recorre la mercadería ilícita «desde el gran buque hasta su atomización en el usuario final». «Hay una multiplicidad de actores que debemos abordar para dar una respuesta comprensiva al problema», comentó.
En el ámbito normativo, Guerra abogó por la armonización, destacando los buenos ejemplos generados por la Ley Anti Comercio Ilícito 2019 de República Dominicana, que consideró una «maravilla de documento normativo», así como la Resolución de Zonas Libres de 2019 de Panamá y la Ley AntiContrabando de Ecuador, que modificada varios cuerpos normativos y que «tiene inspiración en el proceso armonizador que viene cumpliendo el Parlatino«.
Igualmente, Guerra abogó por la adopción voluntaria de buenas prácticas y códigos de conducta por parte de los distintos actores marítimos, inspiradas en la labor de la OECD, por ejemplo, en materia de transparencia en las zonas libres.
La cultura del ilícito y el trabajo cooperativo internacional
El panel del segundo día del evento se tituló «El enfoque multidisciplinario de la incidencia del crimen organizado transnacional en el transporte, logística e intermediación marítima internacional» y contó con la licenciada Erika Chumaceiro Pérez, directora ejecutiva del Instituto Superior de Judicatura de Panamá, como moderadora.
Del panel participaron la licenciada María Fernanda Román, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Hemisferios; el magister José Antonio Pejovés, profesor de la Universidad de Lima; el magister Michael Andrew Chen, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Colón, Panamá; y la magister Tanya Carlucci Sucre, profesora de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá.
Durante su participación, Michael Chen cuestionó si se estaba haciendo lo suficiente para combatir la problemática. «El problema es que el crimen organizado se ha clonado, mutado y tiene tantas variantes como el virus», consideró. «Está en todos los aspectos. Es parte de la cultura y de la idiosincrasia de nuestros países. Y cuando algo se vuelve cultura, parte de su identidad, es muy difícil de cambiar».
«El trabajo en equipo de todos nuestros países es clave: el crimen organizado no tiene fronteras, busca aliados, trasciende los países, es cada vez más veloz y activo. Si ellos lo hacen ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo?», preguntó.
En una línea similar, la licenciada Román consideró que «los países que comparten fronteras deben trabajar incansablemente en desarrollar mecanismos de cooperación que permitan desarticular este tipo de organizaciones, y esto no se podrá lograr sin el apoyo de organizaciones privadas y la academia».
De igual manera, y con la óptica peruana, José Antonio Pejovés resaltó la necesidad de una mayor coordinación y el intercambio de mejores prácticas entre todos los países.
La actividad criminal en crecimiento en las aguas de América Latina
Durante el tercer y último día del evento, las ponencias estuvieron a cargo del magister Aurelio Fernández-Concheso, socio del estudio Clyde & Co; Karla Andrade, comisionada de la Oficina Regional Especializada para América Central de Interpol; y el Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien repasó los medios jurídicos y técnicos en la prevención del crimen internacional por vía marítima.
Fernández-Concheso, por su parte, explicó en detalle las principales formas que toman los delitos marítimos en Venezuela: la piratería, descrita como un actividad criminal donde «el robo es pequeño, a mano armada» pero que ha sido un factor que ha «convertido al país en una zona de alto riesgo» evitada por los cruceros; el hurto de combustible, con barcos que registran menos barriles de los que efectivamente cargan para luego trasegarlos en alta mar mientras el pueblo venezolano sufre la escasez de combustibles; y el tránsito de drogas, un problema que el magister define como en crecimiento durante «los últimos 15 años», cuyo método es el de adherir las drogas a grandes buques, muchas veces sin conocimiento de la tripulación.
«El estado venezolano solo podrá mejorar su nivel de eficiencia de lucha contra el delito marítimo en medida que lo haga asociado con la industria marítima», afirmó Fernández-Concheso.
En su ponencia, la comisionada Andrade destacó el rol de Interpol en su trabajo como enlace entre las autoridades e inteligencias de los diferentes países y como herramienta formadora para los agentes policiales, propios y ajenos. «No es sencillo llevar adelante estos esfuerzos mundiales a partir de las diferentes normativas y los conocimientos que los funcionarios policiales poseen a la fecha en toda esta dinámica que tiene el crimen organizado transnacional, en su constante actualización», señaló. «En Interpol hacemos operaciones, asesoramos, formamos y tenemos la capacidad de análisis e inteligencia para fortalecer los procesos de investigación de los países miembros y alimentar esa cooperación internacional en la línea de detener y capturar las estructuras criminales».
Andrade puso como ejemplo el trabajo de la operación «Madre tierra», que tiene que ver con la pesca ilícita y otra operación, planeada para este mes, que tiene que ver con la búsqueda de buques en actividad delictiva que, cuando se dé la fase operativa, serán perseguidos.
Del panel titulado «El impacto del crimen organizado transnacional en la seguridad marítima» participaron el magister Javier Fernández Carrera, socio del estudio Fernández & Leiva Abogados; el Dr. Jesús Ollarves Irazabal, profesor de la Universidad Central de Venezuela; y el Licenciado Daniel Federico Paz Badano, Socio & Perito Naval, Marine Surveyors Group.
Las moderadoras fueron las licenciadas Emma Farris, asistente de la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional en la Universidad para la Paz y Argelia Perozo, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello.
«En Chile estamos pasando por un momento muy importante que tiene mucho que ver con lo que se ha expuesto durante las ponencias [del evento]», señaló Fernández Carrera. El abogado afirmó que se ha incrementado de «manera exponencial» los casos en los que se han encontrado drogas ocultas en las exportaciones salientes de Chile, detectadas por los puertos de recepción, generalmente en EEUU y Europa. «Chile no es productor de droga, pero se está transformando en un lugar de paso muy importante para las drogas que vienen de Ecuador, Colombia y Perú, y las exportaciones chilenas están sufriendo por ello», señaló.
El Dr. Ollarves, por su parte, concordó con su compatriota Fernández-Concheso sobre cómo Venezuela ha pasado a ser un territorio explotado por las organizaciones criminales transnacionales. «Uno de los hitos que tenemos que lograr es el cambio de identificación de los actores», señaló Ollarves. «Hoy en día, y sobretodo tomando en cuenta el caso venezolano, hay que rescatar la categoría de estado-delincuente como actor fundamental del crimen organizado».
«En un estado-delincuente no hay colores y no hay ideologías, para dar paso única y exclusivamente a las negociaciones ilícitas con la ambición del dinero», aseguró, citando el caso del empresario y narcotraficante venezolano Walid Makled. «Estamos ante una situación que pone en peligro la paz y seguridad internacional».
Por último, el uruguayo Paz Badano compartió su experiencia de muchos años para detallar cómo se cargan y trasladan los contenedores y, particularmente, cuán sencillo se vulneran, sin alterar su precinto ni su peso y pese al avance de las tecnologías. «Los contenedores son sumamente violables, aún si llegan con el precinto de origen», afirmó.
